El tipo de prioridades de un gobierno quedan al desnudo por el manejo presupuestario y los programas que se ejecutan. La senadora provincial María Isabel Gainza, a través de ocho detallados pedidos de informes, planteó con sus preguntas la “injusticia feroz” que deja determinados programas sociales clave sin ejecutar y, por el contrario, concentra el grueso de las erogaciones en sueldos de altos funcionaios y asesores del gobierno de Scioli. Teniendo en cuenta la dura realidad que atraviesan millones de bonaerenses en materia social, de seguridad y, con particular énfasis, en niños y adolescentes resulta directamente “obsceno”.
Tal como se informó en una gacetilla reciente, esta política se observa con enorme claridad en el Ministerio de Desarrollo Social en el que el gasto total devengado fue de $370.590.695,53 y el 98 % correspondió a Gasto en Personal. Cuando el crédito total para la “Unidad Ministro” había sido de $11.804.833. En las antípodas, se ve con mucha nitidez que programas como “Atención de Niños y Adolescentes – Servicios Zonales y Locales-” vieron reducido su crédito durante el ejercicio 2011 en dos terceras partes. En números, de los $67,2 millones otorgados sólo se ejecutaron $23,9 millones: con el agravante de que para algunos de los subprogramas “corresponden a gastos en personal”. En áreas como la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia hubo una duplicación de gastos en “Dirección Ejecutiva” y hubo programas como “Jurisdicción Administrativa de Controladores de Admisión” (Reglamento de Patovicas) o “Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados” que no fueron puestos en marcha. La legisladora provincial hace particular hincapié en este tipo de desfasajes que se ven muy claramente también en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Y por eso es que pide en detalle aspectos relacionados con el Programa “Infraestructura Policial”: cuáles fueron las obras presupuestadas, cuáles estaban finalizadas, en proceso o directamente no fueron iniciadas al 31 de diciembre de 2011. Porque de los números oficiales de Contaduría surge claramente que sólo se devengó el 9,78 % del total acreditado; en las antípodas del discurso oficial del Ejecutivo que dice que la seguridad es “uno de los pilares” de su gestión. Se ve también en el Programa “Seguridad ciudadana e Inclusión”, que aunque ejecutó el 0 %, “se incremento el crédito del programa en un 177%”. Y el gran detalle es que en el área de “Administración del Ministerio de Seguridad” se generaron gastos extraordinarios. Porque mientras la Ley de Presupuesto autorizó un máximo a gastar de $173,8, se devengaron $639,4 millones, es decir, un 367,79% de lo autorizado por el Poder Legislativo Provincial.
Autor / Fuente: www.0223.com.ar
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