A una semana del juicio en tribunales cordobeses, en el que están imputados dos productores agrarios y un fumigador por cien muertes ocurridas entre 2001 y 2003 en el barrio Ituzaingó Anexo (sudeste de la capital provincial), crecen la críticas a las aplicaciones de agrotóxicos y a la falta de control y actualización de la legislación vigente.
Desde que el 25 de mayo de 1996, el entonces presidente Carlos Menem aprobó la siembra de soja transgénica con uso de glifosato, organizaciones de pobladores y ambientales denuncian sus efectos nocivos. Otros, ponen en tela de juicio el modelo de los agronegocios.
"Esperamos que escuchen, decimos la verdad, pero algunos creen que los agroquímicos no son culpables de las muertes y casos de cáncer en el barrio", dijo anoche Cristina Fuentes, una madre que formó parte de la denuncia e investigación.
"Mi esposo murió en 2000 por leucemia. No lo asociábamos con los plaguicidas hasta que empezamos a juntarnos", dijo la mujer del grupo que trabaja con el Funam (Fundación para la Defensa del Ambiente).
"En mi casa tomaron muestras de tierra y había restos de plomo, cromo y arsénico. Vivo a media cuadra del campo donde se cosechaba soja hasta la vereda. Los estudios son claros, a una sobrinita de 7 años, también le hallaron endosulfán en la sangre", señaló a La Capital.
Según informes oficiales, sobre 142 niños del barrio cordobés a 114 les detectaron contaminación con agroquímicos. "El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre", explicó la médica Inés Flamini, de la Unidad del Centro 28 de Salud Vecinal), una de las autoras del informe.
Reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo. Hasta detectaron presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. "Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar", resumió el fiscal que inició la causa, Darío Avila. La ley nacional de residuos peligrosos reprime con pena de prisión de hasta diez años al que utilizando productos peligrosos (agroquímicos) "contaminare" de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.
Desde el Funam, el biólogo Raúl Montenegro remarca: "Hay que actualizar la clasificación de los plaguicidas. Se protege a las personas de las dosis letales, pero no de dosis bajas que provocan daños en embriones, fetos, lactantes y niños. La dosis letal es la cantidad que puede matar a una persona, pero bajas dosis rompen el sistema hormonal".
"La irrupción endócrina, uno de los efectos de los plaguicidas clorados, o la reducción de resistencia a enfermedades, no se hacen esperar. Pero no hay estudios de epidemiología y en las muertes no se registran cuáles fueron la causas", advirtió.
"El juicio no sólo se refiere a los daños provocados por plaguicidas, durante años actuó un cóctel de contaminantes que combinaba sustancias químicas y energías residuales dañinas para la salud humana, unos diez agentes en total, sino también actos irresponsables por parte de funcionarios y productores. Entre los plaguicidas hallados en sedimentos de los tanques de agua y suelo de las viviendas se hallaron endosulfán, DDT y sus derivados", indicó el científico, querellante en el caso.
Faltan controles. Para los educadores que integran el colectivo Docentes Fumigados, "hay gente que no controló, fiscalizó ni prohibió, y que no está sentada ahí. La carga la llevan los productores, pero debería haber más gente en este juicio".
El ingeniero agrónomo Osvaldo Javier Souza, en el juicio dijo que "es difícil determinar que las enfermedades se deban a la fumigación con agroquímicos, cuando existen otros factores.
En tanto, para el biólogo del Funam: "Es absolutamente irracional que las decisiones sobre uso de plaguicidas las tomen los ingenieros agrónomos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario