Los hipódromos de Tandil, Bahía Blanca y La Plata están recibiendo subsidios de $500.000 mensuales para sostener la actividad.

Quieren que el mismo subsidio llegue al hipodromo de MDP
Muchas veces se piensa en el juego de azar haciendo hincapié únicamente en las consecuencias que acarrean el vicio y los excesos cometidos por quienes no controlan la ludopatía. Por eso, la ley  prohíbe tales actividades en su desarrollo clandestino, e interviene en “purificar” el juego, administrando los ingresos que genera con la finalidad del bien público: la lotería, los casinos, los hipódromos y demás. Así, el Estado se ocupa de recaudar de manera centralizada el dinero generado por las apuestas, y luego lo distribuye proporcionalmente. Ahora bien, ¿cómo funciona esa proporcionalidad? ¿Le corresponde mayor cantidad de dinero a la ciudad que genera mayores ingresos, es decir aquella en la que se juega más?
Pero además, este punto de vista es simplemente parcial: las actividades ligadas al juego de azar son también una fuente de trabajo para miles de personas. En este caso, el turf, un trabajo de altísima especificidad que debería ser protegido, sobre todo en una ciudad con una tasa de desocupación que no deja de ser preocupante.
Hoy ocupa el foco la situación deplorable del Hipódromo Jardín de Mar del Plata -cerrado desde hace cinco años- ya que arrastra conflictos legales que lo llevaron a la quiebra desde 1991, a partir de un juicio de tipo laboral.
Todo el mundo recuerda que alguna vez los hipódromos fueron espacios de recreación real, donde se daba cita la más elegante sociedad argentina, que podía competir por los caballos que criaba, y los jockeys y jocketas que tenían a cargo montar esos especímenes en las carreras que fueron lujo en la historia porteña de la época de oro. Cualquiera sabe que hubo figuras que construyeron la historia de la vida social de la Argentina, y fueron parte del imaginario nacional. Hoy nada de eso sucede. Pero aun quien considere que esto es poco importante, debe tener en cuenta el otro lado: ese lujo fue sostén de cientos de puestos de trabajo, hoy en el olvido.
Tampoco escapa a nadie que este país viene de la crisis más importante de su historia, y el turf no ha sido una excepción, considerando que la cría de especies de pura sangre es una actividad que requiere de una inversión económica importantísima, tanto como una especial infraestructura en los hipódromos, el mantenimiento de personal idóneo, y el establecimiento de una bolsa de premios que mantenga la actividad como rentable, a la vez que justifique el atractivo del juego de azar. Si no hay premios, obviamente nadie apuesta.
Como el Hipódromo de Mar del Plata arrastraba una situación histórica con un juicio laboral que le resultó imposible de pagar, se llegó a una convocatoria de acreedores que data del año 2002. Con el agravante de que el hipódromo resguardaba el empleo de una gran cantidad de personas que habitaban en la zona, y que fueron en realidad el origen del llamado Barrio Hipódromo.
El ingrediente determinante son los vaivenes económicos de una historia que ha ido de devaluaciones a procesos inflacionarios, lo cual no ha ayudado en el proceso de integrar al hombre con su zona natural de trabajo y crecimiento, y los empelados fueron los primeros dañados.
Pero existe un Instituto Provincial que rige la actividad del juego de azar, una entidad que no solamente tiene la función de gerenciar ingresos sino además de instrumentar las medidas necesarias para que se desempeñe la actividad dentro del marco legal vigente, sobre todo a partir de que el turf fue declarado de interés público por la Ley 13.253. Ahora bien: ¿lo hace? Casi.
El proceso judicial es antiguo y confuso, pero en cierto momento se sugirió que la solución podría ser la venta del predio, como si se tratara de una propiedad puramente privada. En realidad, sus administradores resisten, indicando que debe cumplirse la ley de ayuda vigente desde 2004, aunque el Instituto ni los mire.

La ayuda

El abogado Martín Scarímbolo representa los intereses del Jockey Club, e indica en entrevista concedida a José Luis Jacobo cuál es la situación histórica. Sabe que en 2005, el juez que intervenía en la causa reunió a las partes para lograr soluciones, pero que nunca más se llegó a nada. Ahora, ¿quiénes son esas partes? ¿Los que tienen el derecho de explotación? ¿Los acreedores? ¿El Instituto Provincial?
Se indica que es el Instituto de Lotería y Casinos el que tiene el deber de regular y controlar el juego a nivel nacional y verificar esta especie de coparticipación en el reparto de los ingresos, pero -dice Scarímbolo- a Mar del Plata no le llega dinero en proporción a lo que recauda, mientras que los hipódromos de Tandil, Bahía Blanca y La Plata están recibiendo subsidios de $500.000 mensuales para sostener la actividad.
Se supone entonces que el Estado es quien debió, ya hace años, intervenir estableciendo un acuerdo con el juez sobre el monto de la quiebra, para generar el resguardo sobre ese dinero, y así poder reactivar la actividad. A partir de allí, se podría gestionar la continuidad con el Jockey Club, o establecer nuevos acuerdos para una cogestión en la que intervengan la municipalidad o la provincia. Existen muchos modelos posibles para administrar la nueva etapa, pero hasta el momento no se ha propuesto ninguno.
Según trascendió, la municipalidad local, bajo la actual gestión, ha recibido informes, solicitudes de intervención en la situación de crisis que mantiene cerrado el hipódromo local desde hace años, y propuestas de reunión y diálogo, pero –para sorpresa de nadie- jamás contestó. Se dijo, además, que desde la provincia se ofreció la explotación del predio a empresas que no demostraron el menor interés, pero en ningún momento a capitales locales, ni a gente de la ciudad.
Como precedente existe la situación del hipódromo de La Plata, donde la provincia intervino para sanear la crisis, y actualmente coadministra, lo cual es un modelo posible de salvación. En el caso de nuestra ciudad, el centralismo exagerado, en palabras de Scarímbolo, está haciendo que todo el dinero que la ciudad genera vaya a la nación, y que la ciudad no reciba lo que necesita.
En este momento debería hacerse regir la ley vigente desde 2004 -la 13.253-, que genera un fondo de protección del juego destinado a intervenir para salvar la crisis, cuando existe un pasivo que detiene el normal funcionamiento de la actividad. Este fondo debe ser usado en lo que se requiera, pero sucedió que las autoridades de la provincia hicieron una interpretación de la ley que Scarímbolo considera errónea, y solamente ofrecieron dinero en cantidades pequeñas para generar la bolsa de premios que habilite la competencia entre caballos. Es decir, que se reinicie el turf. Reiniciar el turf con el hipódromo cerrado, en quiebra y abandonado.
No es esa la idea. La ley indica: “(…) se obliga a entregar al gerenciador de cualquier hipódromo sito en la provincia de Buenos Aires, (subvenciones para) inversiones aplicadas a infraestructura, tecnología y desarrollo comercial. (Los subsidios) se entregarán para hacer frente a situaciones que reclamen asistencia para el cumplimiento de sus fines específicos”. Esto se debe a que la ley establece como “objeto especial de interés provincial a la cría de caballos de sangre pura de carrera, su entrenamiento y las competencias hípicas oficiales” (artículo 1 de la ley citada).

Mano negra

Pero como siempre sucede, cuando algo no se resuelve, es porque a alguien le conviene que no se resuelva.
Para comenzar, en la actualidad la pista del hipódromo y el resto de las instalaciones están siendo utilizadas para el entrenamiento de caballos de carrera, que luego son llevados a competir  a los hipódromos del resto de la provincia. Y esto se realiza sin la autorización del juez que lleva adelante la quiebra, es decir que se trata de un lucro que genera un daño a los intereses de los acreedores. Y además, tal actividad ha constado varias veces en los medios de prensa, es decir que no es un secreto para nadie. A pesar de eso, el Estado no interviene.
Por otro lado, las agencias hípicas ya no están en manos del Jockey Club, en virtud de la situación judicial que atraviesa. De allí surge entonces la duda: ¿es posible que a ciertos intereses les resulte conveniente que no se aplique la ley que indica sanear el pasivo a través del subsidio provincial? La llamada Ley del Turf indica textualmente: “(…) la situación imperante trae aparejado el riesgo de extinción de numerosos puestos de trabajo, a lo que el Gobierno provincial no puede permanecer ajeno, debiendo encarar las acciones que coadyuven a superar la actual crisis (…) En consecuencia, la toma de decisiones para iniciar el camino de recuperación del turf plantea el acercamiento a la realidad que hoy abraza la actividad, proyectando un sinceramiento de las normas que la rigen, y comprometiendo al poder político a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones intensamente esperadas para recomponer la cadena productiva de esta industria. Finalmente, se da categoría legal al fondo reparador que hoy existe, generador de aportes, con la finalidad de posibilitar el despegue de todo este conjunto que nuclea en su seno a un elevadísimo número de trabajadores en este Estado provincial (…)”.
Todo dicho. En 2010, el Instituto de Loterías, Casinos e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires comunicó que había recaudado $8.500.000.000 por las apuestas lúdicas obtenidas de la explotación de todas las modalidades de juego en la provincia. Por eso, y en honor a que una parte importante de tales ingresos se han generado en esta ciudad, consideran quienes defienden al Jockey Club, que el Estado provincial debió otorgar el aporte suficiente para salvar la situación, poner en valor y en actividad nuevamente al Hipódromo Jardín de esta ciudad. No digamos ya para ayudar, ni para devolver. Solamente para cumplir la ley.