Buenos Aires. El debate parlamentario por la despenalización del aborto entró en un nuevo laberinto y casi no hay chances de que algunos de los proyectos de ley que hay al respecto puedan tratarse este año en la Cámara de Diputados. Por la presión de 26 diputados de varias bancadas, se suspendió la
reunión que el próximo martes estaba prevista en la Comisión de Legislación Penal para dictaminar sobre el tema. Diputados que están a favor de la despenalización y legisladores que están en contra se pusieron de acuerdo para frenar la reunión a la que había convocado el cordobés Juan Carlos Vega, titular de la comisión.
Diputadas que están en las antípodas del pensamiento sobre el tema, como Diana Conti y Cecilia Merchán –que apoyan la despenalización– y Cynthia Hottom e Ivana Bianchi –que están completamente en contra– salieron a cuestionar a Vega por impulsar el debate en medio de un proceso electoral.
El cordobés pospuso la
reunión para el 1° de noviembre, después de las elecciones. Pero aun si ese día hay dictamen es poco probable que el tema llegue al recinto porque ese mes la Cámara debe aprobar leyes clave como el Presupuesto.
La molestia de ambos grupos con Vega es porque este legislador presentó un proyecto que aborda un camino intermedio entre ambas posturas, lo cual cambia el eje del debate. El cordobés propuso modificar el Código Penal para que no haya lecturas ambiguas cuando éste estipula que el aborto es no punible en caso de violación y en caso de que la vida de la mujer corra riesgo.
Este sí. Pero si la discusión por la despenalización del aborto se estancó, avanza con velocidad otro proyecto de ley que en principio había generado debate. Se trata de la ley de identidad de género que impulsan las agrupaciones homosexuales. Las principales bancadas (el kirchnerismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista) avalan la iniciativa, aunque hay algunas voces discordantes dentro del macrismo y del peronismo federal.
La movida fue propuesta por la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FLGBT) y por la Comunidad Homosexual Argentina en dos proyectos diferentes.
La primera agrupación solicitó que el cambio de sexo y de nombre en el DNI se realice por un trámite administrativo, sin necesidad de que lo disponga un juez. Pero la CHA sumó a esto que tampoco la Justicia defina si una persona que se autopercibe con otro género diferente de su sexo biológico pueda operarse para que se le practique una reasignación de sexo.
Según el titular de la Comisión de Justicia, Juan Pedro Tunessi (UCR), ya está circulando entre los diputados un dictamen que contempla ambos proyectos y que tiene el visto bueno de las dos agrupaciones. El 6 de octubre, podría salir el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Justicia y antes de fin de año podría tener media sanción.
Aunque no está aún claro, el proyecto consensuado no incluiría la obligatoriedad de que las obras sociales garanticen entre las prestaciones básicas obligatorias las operaciones de reasignación de sexo. “Esto podría quedar explicitado en la reglamentación que de la futura ley haga el Ejecutivo”, dijo una fuente. Se buscaría correr el debate de la discusión presupuestaria en torno al sistema de salud para que pueda avanzar sin obstáculos.
Sin embargo, hay sectores que sólo están de acuerdo con el cambio registral (nombre y DNI) y no con la reasignación de sexo. Es el caso de algunos diputados del PRO y del peronismo federal.
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