Aborto: se tensa el debate en el Senado

El debate sobre el proyecto de adhesión a la "Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles", que ya recibió media sanción de Diputados, promete extenderse en el Senado. Es que ayer, cuando se debía decidir a qué comisiones se iba a derivar para su análisis, el bloque UCR pidió que sea estudiado en forma conjunta por la de Salud y la de Legislación y Asuntos Constitucionales. En especial, porque se ha invitado a todas
las entidades que quieran aportar su opinión. Sin embargo, el PD y el PJ rechazaron la propuesta.

De esta manera, el proyecto será derivado en primera instancia a la Comisión de Salud de Senadores, en donde se tomará en consideración la postura de cada organización que desee presentarse. Ernesto Corvalán, quien la preside, explicó que cuatro agrupaciones se acercaron para solicitar ser escuchadas y se las recibirá mañana a las 10. Pero aclaró que esto ocurre con cualquier expediente y que los interesados en exponer su visión del tema pueden llevar una nota a la oficina de comisiones, en calle Gutiérrez 51.

El presidente del bloque UCR, Armando Camerucci, consideró que esto sólo significará una dilación, ya que es muy probable que las entidades que acudan a la comisión de Salud deseen asistir también a la de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y añadió que por eso presentaron la moción de un tratamiento conjunto, que fue rechazada. En cambio, Corvalán aseguró que más allá de que los representantes de las agrupaciones hagan una exposición oral, se les pedirá que lleven un escrito, que se adjuntará al expediente, por lo que no será necesario repetir la exposición. 

Por otra parte, el viernes pasado, cuando se conmemoró el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, la organización Mujeres Cotidianas presentó una acción de amparo contra el gobierno provincial. El escrito, con un aval de 400 firmas, exige que el Estado adhiera a la guía técnica de la Nación que establece cómo deben actuar los médicos ante un caso de aborto no punible.

Es que en el país la interrupción del embarazo no está permitida, pero el Código Penal, en su artículo 86, establece que sí se puede practicar cuando corren peligro la salud o la vida de la madre (y ese riesgo no se puede evitar por otros medios), cuando la mujer tiene una discapacidad mental o cuando el embarazo ha sido fruto de una violación. Esto último fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de este año, ya que la redacción del texto permitía distintas interpretaciones.

Laura Chazarreta, de Mujeres Cotidianas, señaló que el Estado debe garantizar que las mujeres que han sido víctimas de una violación puedan acceder a un aborto rápido y seguro, ya que obligarlas a continuar con la gestación es una segunda agresión sobre ellas. Asimismo, subrayó que desde la entidad trabajan en los sectores de menos recursos y que quienes están convencidas interrumpen el embarazo no deseado como pueden, con riesgo para sus vidas. 

Desde otra visión, los integrantes de la agrupación Frente Joven, quienes estuvieron presentes ayer en Legislatura, rechazaron la adhesión a la guía. Pablo Gaete señaló que el aborto es un nuevo ataque contra la mujer víctima de una violación y que requiere en cambio de acompañamiento médico, psicológico y social. El joven indicó que 80% de los abusos se producen en el entorno, por lo que interrumpir el embarazo y regresar al mismo sitio no la aleja de la situación de violencia.

En el hospital Diego Paroissien de Maipú, la segunda maternidad de la provincia después del Lagomaggiore, se atendieron unos 3 mil partos el año pasado y se trataron unos 380 abortos (no se discrimina si fueron naturales o provocados). El asesor letrado, Gustavo Chaves, subrayó que sólo practicaron 3 interrupciones de embarazo con autorización judicial en 2011 y uno este año, ya sin aval de la Justicia, porque la Corte había emitido el fallo sobre abortos no punibles.

Chaves planteó que estos números no permiten concluir que las maternidades vayan a convertirse en centros de práctica de abortos y subrayó que las mujeres no llegan directamente al hospital a interrumpir el embarazo en caso de violación, sino que suelen ser derivadas de otras reparticiones del Estado. En particular, porque la mujer que fue violada por un extraño, manifestó, concurre de inmediato al médico y se sigue el protocolo de atención de víctimas de abuso sexual para evitar, entre otros inconvenientes, un embarazo. Pero la situación es diferente cuando el abuso ocurre en el entorno familiar o social.